1) Ley Mordaza. No se
deroga la Ley Mordaza que ataca a las libertades públicas y que ha
sido calificada por Amnistía Internacional como una amenaza para los DDHH poniendo
en riesgo la libertad de información y la protesta pacífica.
2) Reforma laboral y
abaratamiento del despido de los contratos temporales. No se
deroga la reforma laboral (Pedro Sánchez dice que sí y Albert Ribera dice que
no), como prometió el PSOE y se mantienen muchos elementos muy
lesivos. En cambio el PSOE ha aceptado el contrato único con otra
denominación. Es un acuerdo que propone una tercera
reforma laboral que camina por la misma senda que las dos anteriores: abaratar el
despido, fomentar la precariedad y erosionar derechos. En 2015 el 77% de los
contratos firmados fueron temporales. La duración media de un contrato en
España es de 53 días.
PSOE y C’s pactan reducir aún más las
indemnizaciones por despido: acuerdan crear un contrato temporal que a
los 3 años se convierte en indefinido, con una indemnización creciente.
Reduce las indemnizaciones por despido durante los primeros dos
años del contrato, para el caso de los contratos temporales:
-La indemnización por
finalización del contrato se queda como estaba (12 días
por año trabajado).
-La indemnización por despido
procedente pasa de los 20 días /año actuales a 12 días/año durante el primer
año de contrato, y a 16 días/año durante el segundo año, para
equipararse a partir del tercer año a la situación actual.
-En caso de despido improcedente la
indemnización será́ de 20 días el primer año, 25 días el segundo hasta confluir
con los actuales 33 días por año.
Efectivamente, durante los primeros dos años, la indemnización por
despido, tanto procedente como improcedente, se reduce. (PSOE y C’s se han
echado atrás con una medida que, dice, abarataba el coste del despido a “unos pocos”.
El PSOE estuvo acusando a Podemos de mentir, pero ha acabado rectificando la
medida unas horas después de hacerla pública ). Más aún, el contrato temporal deja de tener que estar vinculado a una
causa objetiva jurídica. Hasta ahora, la norma es que todos los
contratos son indefinidos, salvo que exista una causa que justifique
eventualidad, que entonces queda autorizada la contratación temporal.
Lo que haría el nuevo
contrato es autorizar directamente la contratación temporal para todos los
casos que la empresa estime oportuno. Se da así carta de naturaleza al fraude de
ley existente con la contratación temporal hoy día. Y además el tercer año
se incentiva con una rebaja de la cuota de la seguridad social la
transformación del nuevo contrato en indefinido.
Todos
estos elementos nos llevarían de facto a un “contrato único encubierto”: de aprobarse, la
mayoría de las nuevas contrataciones se producirán bajo esta nueva figura
contractual.
3)
Complemento
Salarial. En lugar de
ofrecer derechos laborales, propone premiar con dinero público a los
empresarios que pagan bajos salarios. En vez de justicia social,
beneficencia con dinero público.
4) SMI, salario
mínimo interprofesional. Congela el SMI, pues la
inflación se come la propuesta de subirlo un ridículo 1%. Recordemos que el
Consejo de Europa advierte que el SMI español no garantiza un nivel de vida
digna.
5)
Orden de
prioridades macroeconómicas. No tiene como
prioridad el empleo, ni una reforma fiscal progresiva, ni revertir los recortes. Es un acuerdo sin
proyecto de país, sin financiación para implementar un plan de modernización
económica. Salva sin apenas retoques puntos clave de las reformas económicas
del Gobierno de Rajoy:
1)
Plantea reducir el déficit al ritmo que pide Bruselas, revertir los recortes
y no abordar una reforma tributaria. No es posible conseguir las tres cosas
simultáneamente, y por ello pensamos que no hay un compromiso firme ni serio
para revertir los recortes. Es sólo papel mojado.
2)
Ha desaparecido cualquier objetivo concreto en términos de déficit público,
ingresos y gastos públicos, que sí estaban en el documento anterior, más
allá de retrasar el objetivo del 3% de déficit un año. No existe ningún
compromiso en la reversión de los recortes de estos años ni es posible saber
cómo se van a financiar las políticas sociales que se anuncian. Sin financiación esos anuncios son un
brindis al sol; sin memoria económica,
una investidura es un cheque en blanco.
3) En el anterior documento, el PSOE se comprometía con el
objetivo de reducir a la mitad la tasa de paro, y esto ha desaparecido del
documento actual. Ni hay compromiso concreto con un objetivo en términos de
empleo, ni se anuncia medida alguna para asegurar una reducción más rápida del
paro. El acuerdo lo fía todo a una reforma laboral que además consideramos
inaceptable; sin medidas para asegurar un crecimiento suficiente no se reducirá
el paro al ritmo que España necesita, y se seguirá creando empleo precario.
4) La desaparición del objetivo en términos de empleo se suma a una
declaración mucho más rotunda de aceptación del calendario de reducción del
déficit que Bruselas imponga.
5) Aunque en el texto hay
algunas declaraciones positivas en términos de impuestos (grandes
fortunas, deducciones sociedades, patrimonio, IVA cultural), echamos en
falta otras muy importantes, varias de las cuales estaban de hecho en el
documento anterior del PSOE y ahora desaparecen: ITF, tipo mínimo en el
impuesto de sociedades para grandes empresas (estas son las que tenía el PSOE
antes), eliminación de deducciones regresivas en IRPF, tarifa de rendimientos
de capital y trabajo. En cambio, la propuesta de reducción del IRPF de
Ciudadanos no se abandona, sólo se aplaza hasta que la situación mejore (lo
que decía el PP).
6) En el terreno fiscal hay una ausencia total de un objetivo
concreto que asegure que las medidas que se adopten serán las suficientes
para corregir la falta estructural de financiación del Estado del Bienestar,
ni para asegurar que la reducción del déficit no se hará nuevamente a costa del
peso del gasto público.
6) Artículo 135 de la Constitución. No
deroga la modificación del artículo 135 de la Constitución,
sometiendo los intereses de los acreedores por encima de los servicios públicos
y los derechos sociales. Consecuencias de esta política: Desde
2012 se han destruido 50.000 puestos de trabajo en educación y sanidad y se ha
precarizado la plantilla. Entre 2010 y 2015 el presupuesto de las comunidades
autónomas destinado para sanidad y educación se ha recortado en la misma
cantidad que lo destinado a pagar la deuda.
7) Sanidad pública. En uno
de los apartados utiliza la misma retórica que Esperanza Aguirre ocultando
su privatización diciendo que sigue siendo de “titularidad pública” Es un
acuerdo que abre las puertas al copago farmacéutico.
8) Despolitización de la Justicia. El
acuerdo entiende que despolitizar la Justicia consiste en que el CGPJ, en vez
de 20 vocales elegidos por políticos, lo formen 10 vocales elegidos por políticos. No contempla
la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ.
Ni despolitizar el Tribunal Constitucional con mecanismos de elección por
descarte, de manera que acabarán quedando solo los jueces que menos rechazo
generan.
9) Educación. No deroga la ley Wert (Pedro Sánchez dice que sí y Albert Ribera
dice que no), tal como fue acordado por todos los partidos políticos,
excepto el PP (y Ciudadanos, que no estaba en el Parlamento), en la anterior
legislatura.
En resumen, el acuerdo
alcanzado entre el PSOE y C´s ni tiene como prioridad el empleo, ni una
reforma fiscal progresiva, ni pretende revertir los recortes, ni acabar con las
puertas giratorias, ni con la corrupción estructural que desangra los fondos
públicos. No tiene proyecto
de país, ni financiación para implementar un plan de modernización económica. Salva sin apenas retoques puntos clave de
las reformas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy que tanto sufrimiento han
causado. Es un acuerdo que -como dice abiertamente Albert Ribera- tiene
como destinatario principal el Partido Popular, y que quizá lo único que
consiga sea una investidura fallida y un tiempo perdido.
El PSOE quiere
figurantes y no socios. No quiere gobernar con nosotros. No quiere poner en
práctica políticas al servicio de la mayoría, sino que ha realizado una
elección incompatible con un Gobierno de Cambio.
PODEMOS sigue con la mano tendida para un gobierno plural de cambio que revierta la degradación social y la
pérdida de derechos, respaldado por once millones de votos, porque es y sigue
siendo posible. Por ello no apoyaremos una propuesta como la que describe
este pacto.
PODEMOS.